Han sido necesarios años de protestas de los ganaderos, con apariciones de miembros de animales descuartizados incluidas, para que lobo salga del Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (Lespre) y para que su caza deje de estar prohibida. El Congreso vuelve a convertir a este cánido salvaje tan propio de la fauna ibérica en objetivo de los cazadores y lo hace con los votos favorables del Partido Popular (PP), Vox, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts (este último partido apoyó sólo una de las enmiendas).
A priori, el cambio afecta únicamente a los lobos que habitan al norte del río Duero y es que es sólo en ese territorio donde se autoriza matarlos, eso sí, en un número limitado. Pese a esto, animalistas como los que forman parte del partido PACMA aseguran que lo aprobado en el Congreso abre las puertas a que, en el futuro, haya barra libre para la caza del lobo en todo el territorio nacional.
Ganaderos y animalistas se concentraron a las puertas de la sede parlamentaria para expresar sus opiniones que, obviamente, son totalmente opuestas. Mientras unos celebran que se les den facilidades para combatir a un animal que ven como uno de sus grandes enemigos, los otros aseguran que la caza no garantizará que cesen los ataques a los animales domésticos y dará al traste con todos los logros que supuso para la recuperación de la especie la protección normativa que ahora se retira.
«PP, Vox y PNV han impulsado esta medida sin ninguna base científica ni ecológica, cediendo a las presiones del lobby ganadero y cinegético. A todo ello, se suma el hecho de que esta especie lleva siendo sometida a un proceso de radiomarcaje desde el pasado invierno, por lo que se conoce con exactitud la ubicación y costumbres de un importante número de ejemplares distribuidos por todo el territorio nacional», apuntan desde PACMA, partido cuyos integrantes acusan al Congreso de haber puesto una diana sobre todos y cada uno de los lobos que habitan al norte del Duero.
Ataques cada vez más frecuentes
El principal argumento para acabar con la protección del lobo es el de dar satisfacción a los ganaderos, que denuncian que los ataques del cánido sobre sus reses son cada vez más frecuentes y, con ello, las bajas en su cabaña ganadera mucho más numerosas. Autorizar la caza al norte del río Duero contenta a la mayoría de ellos y es que se estima que el 90% de los lobos que existen en España se reparten entre las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria y el norte de la de Castilla y León.
La entrada del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (Lespre) se había aprobado en septiembre de 2021 y, desde entonces, los ganaderos recurrieron a todo tipo de estrategias para protestar, desde las típicas manifestaciones hasta otros métodos más macabros, como colocar cabezas y rabos de lobos descuartizados delante de las sedes de ayuntamientos y colgar animales muertos de puentes o de postes de información turística.
En ese tiempo también hubo ganaderos que, ante la prohibición de la caza del lobo y la inacción de las administraciones, decidieron hacer caso omiso a la protección y tomarse la justicia por su mano. Uno de los casos más notorios de esto último es el de un ganadero de 84 años de la provincia de Valladolid condenado a prisión por colocar un cepo que causó la muerte de un lobo.