Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Zaragoza y dedicada a facilitar documentos a inmigrantes con el objetivo de regularizar su situación administrativa en España.
El entramado, que contaba con miembros especializados dedicados a la falsificación de documentos por los que cobraban hasta 10.000 euros, habría beneficiado con su actividad ilícita a más de 5.000 inmigrantes. La operación policial, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, concluyó con el arresto de 61 personas en las provincias de Zaragoza (56), Barcelona (2), Huesca (2) y Teruel (1), entre las que se encuentran los principales responsables de la red criminal.
La investigación policial se inició tras detectar un incremento significativo en las solicitudes de documentos de residencia temporal formulados por inmigrantes en situación irregular de diversas nacionalidades. En el análisis preliminar de dichas solicitudes se detectó la aportación de documentación carente de autenticidad, destinada a acreditar de manera fraudulenta el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación de este tipo de autorizaciones.
Las múltiples pesquisas realizadas por los agentes permitieron constatar la existencia de una organización criminal de carácter internacional asentada en España, principalmente en la provincia de Zaragoza, aunque con ramificaciones en otras provincias como Alicante, Murcia y Huesca. Esta red se dedicada a captar ciudadanos en situación irregular de diferentes nacionalidades y guiarlos en todos los trámites necesarios para iniciar su proceso de regularización administrativa. Para ello, la organización recurría sistemáticamente a la falsificación de documentos esenciales para la presentación de las solicitudes
La organización contaba con una extensa red de colaboradores encargados de identificar y captar a ciudadanos extranjeros ya asentados en territorio nacional que buscaban regularizar su situación administrativa. A dichos inmigrantes se les ofrecía la posibilidad de gestionar autorizaciones de residencia incluso sin necesidad de desplazamiento físico, mediante el envío de copias de pasaportes, empadronamientos obtenidos a distancia, aperturas de cuentas bancarias y la obtención de certificados médicos, entre otros documentos utilizados para simular el cumplimiento de los requisitos legales.
Empadronamientos y contratos de trabajo falsos
Para la elaboración de empadronamientos fraudulentos de los inmigrantes irregulares empleaban varios métodos, desde la presentación de falsificaciones de documentos de identidad y las autorizaciones de los propietarios de los domicilios donde se empadronaban, hasta el conocido método llamado look‑a‑like, mediante el cual se presentaban individuos con parecido físico a la persona a empadronar, evitando así la presencia real del interesado en el municipio o incluso en territorio español. Con este fin, los miembros de la organización transportaban e intercambiaban documentación ajena, incluidos pasaportes, percibiendo cantidades económicas adicionales por dicha actividad.
Asimismo, se detectó la existencia de empresas pantalla utilizadas para justificar ingresos en España por parte de los clientes de la organización, así como para formalizar contratos laborales inexistentes y tramitar altas en la Seguridad Social que eran anuladas pocos días después, con el único propósito de aportar documentación aparentemente válida en las solicitudes de residencia.
Los pagos exigidos por la prestación de estos servicios oscilaban entre 600 y 900 euros por la obtención de un empadronamiento fraudulento, entre 3.000 y 10.000 euros por la formalización de un contrato de trabajo ficticio y 500 euros por el transporte de los inmigrantes y la entrega de la documentación asociada. Se estima que, desde el inicio de las actividades delictivas atribuidas a la organización criminal investigada, el número de inmigrantes en situación irregular que habrían recibido los documentos necesarios para iniciar los trámites de regularización en España superaría los 5.000.
Durante la operación policial se procedió a la detención de 61 personas de origen español, argelino y marroquí. Del total de detenidos, 18 son miembros de la organización criminal, mientras que el resto pertenece a la red clientelar. De igual modo, se llevó a cabo la entrada y registro en cuatro domicilios de Zaragoza, en los que los agentes policiales se incautaron de dinero en efectivo y documentos falsos, así como de diversa documentación relacionada con los hechos narrados. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
