La nueva Ley de Empleo obliga a los funcionarios del SEPE a priorizar a los miembros del colectivo LGTBI, que pasan a formar parte de un grupo en el que también se encuentran las víctimas de violencia de género, las pertenecientes a minorías étnicas y aquellas que presentan una capacidad intelectual límite.
En concreto, la Ley de Empleo establece que los integrantes del colectivo LGTBI tienen derecho a «programas específicos destinados a fomentar el empleo» y que para ello es necesario promover «una atención específica» en la planificación, diseño y ejecución de las políticas de empleo. El texto añade que las personas trans deben tener una consideración especial.
Lo que no queda claro en la ley es el modo en que los que acudan al SEPE y así lo deseen acreditarán su pertenencia al colectivo LGTBI. En un principio, se planteó que fuera necesaria la presentación de algún documento, como una sentencia por discriminación o una declaración responsable, pero, por el momento, parece que será suficiente con una acreditación «de buena voluntad». No hará falta, por tanto, un documento público para ese fin.
La Ley de Empleo establece que los integrantes del colectivo LGTBI tienen derecho a «programas específicos destinados a fomentar el empleo»
La justificación que ofrecen desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social para justificar la inclusión de estas personas dentro de los grupos de atención prioritaria es la de que los miembros del colectivo LGTBI corren el riesgo de ser estigmatizados por su condición sexual y, por ello, tienen mayores dificultades a la hora de encontrar un empleo.
Precisamente por ese riesgo de estigmatización, las oficinas de Empleo tendrán un protocolo muy estricto acerca de procedimiento para recabar los datos que faciliten las personas LGTBI, así como para su tratamiento posterior.
La medida que contempla la nueva Ley de Empleo ha generado opiniones encontradas. A los que consideran que es positivo otorgar privilegios a determinados colectivos, se oponen quienes exigen igualdad de trato y quienes recuerdan que la Constitución establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.